¿Cuánta pobreza aguanta la democracia?


Publicado en El Universal el 20 de septiembre de 2013

La democracia es, ante todo, una forma de gobierno. En las últimas décadas se ha desarrollado un nutrido debate teórico sobre si la misma supone también una serie de contenidos determinados, es decir, si el sentido de las decisiones públicas en una democracia está precondicionado y si, en caso de no ajustarse a dichos contenidos, las mismas pueden considerarse no democráticas.
Sin pretender resumir —ni mucho menos resolver— una compleja, y en gran medida inacabada, discusión, baste señalar que el núcleo esencial de una democracia es de naturaleza eminentemente procedimental. Por ello, ante todo, la democracia implica un conjunto de reglas, centradas en la máxima inclusión posible de los gobernados, para tomar las decisiones políticas. En las modernas democracias representativas esa inclusión se expresa en el derecho de elegir, mediante elecciones libres y en las que todos los votos tienen el mismo peso, a los gobernantes que tienen la función de decidir por todos.
Sin embargo, el contexto en el cual el juego político democrático se desarrolla tiene una enorme importancia para que las reglas de la democracia se cumplan a cabalidad. Un ambiente de marcada pobreza y profunda desigualdad si bien no impiden la democracia, sí la marcan y la condenan a un precario funcionamiento.
Y es que para que la democracia funcione adecuadamente no basta sólo el reconocimiento y garantía de una serie de derechos y libertades que constituyen sus condiciones (los derechos políticos, la libertad de expresión, la libertad de reunión y manifestación, de prensa, el derecho a la información, etcétera), sino también un “medio ambiente” propicio para que aquella se recree sin distorsiones, y que constituyen las precondiciones de la misma (y que supone que las necesidades e intereses vitales de los ciudadanos estén garantizadas).
Si las condiciones no se cumplen, no estamos frente a una democracia, si las precondiciones no están presentes, no es que la democracia no exista, sino que tendrá un funcionamiento precario y disfuncional.
Lo anterior es clave para comprender el “desencanto democrático” que aqueja a los países, como el nuestro, marcados por niveles indignantes de desigualdad y pobreza. Resolver ese problema no es menor porque, más allá de la injusticia social que supone, la consolidación democrática depende en buena medida que la gente no descalifique a dicha forma de gobierno porque no sirve para resolver sus necesidades más elementales. Insisto en un punto, una decisión política o una política pública no son más democráticas porque atienden las necesidades e intereses vitales de las personas, pero de que estas necesidades e intereses sean satisfechos depende en buena medida el funcionamiento y la aceptación de la democracia.
Una democracia funciona mal en un contexto de pobreza porque la libertad de la que se nutre y en la que se funda esa forma de gobierno no será la misma si las condiciones materiales de vida de sus ciudadanos no les permiten contar con elementos (de educación, cultura y hasta alimentación) necesarios para ser individuos realmente autónomos.
Según los datos del Coneval, para 2013 el número de pobres en México es de 53.3 millones, de los que 11.5 están en pobreza extrema: un contexto adverso para el buen funcionamiento de la democracia ya que, inevitablemente, ésta se ve afectada por los problemas estructurales actuales de la sociedad mexicana: la referida pobreza y desigualdad, la incipiente cultura política, la gran concentración mediática y la casi nula rendición de cuentas que hace de la impunidad una preocupante parte de nuestra cotidianiedad.
Pensar en fortalecer nuestra democracia pasa, entonces, sí por mejorar y afinar al sistema electoral, pero sobre todo por apuntar las baterías a resolver esos que con claridad son los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo.

Consejero electoral del IFE

Lorenzo Córdova Vianello

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (en donde coordina el área de derecho electoral) y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Autor de varias publicaciones de derecho electoral, derecho constitucional y teoría política. Analista y comentarista de temas jurídicos y políticos de El Universal y de varios medios electrónicos de comunicación.

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